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320 asistentes de países iberoamericanos participaron de esta charla el 23 de noviembre de 2022, la última del año en materia de Niñez y Adolescencia,organizada por Reflejar y CEJU para la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ).

En esta ocasión la conferencista, Ana Libertad Laliena Piedrafita, profesora de la Escuela Judicial de España, abordó la protección de las infancias en la justicia penal juvenil en ese país.

En la apertura de la charla, Rosina Rossi, Directora del CEJU, explicó que 23 escuelas judiciales Iberoamericanas integran la RIAEJ, con el interés de promover la investigación y formación.

En ese marco, desde 2019 Reflejar (de Argentina) y CEJU (de Uruguay) se ocupan del Eje de niñez y adolescencia, especialmente de NNA en conflicto con la ley penal. “Hicimos distintas actividades periódicas que nos permitieron reunir a operadores judiciales de toda Iberoamérica. La pandemia nos hizo reinventarnos para seguir formándonos”, concluyó.

Luego, al presentar a la disertante, Rosario Augé, secretaria académica de Reflejar, recordó que cada una de las conferencias ofrecidas estarán disponibles en la página www.reflejar.gob.ar y agradeció a quienes hicieron que los encuentros fueran posibles, especialmente agradeció a las Escuelas Judiciales de México, Chile y España y a la Secretaría General de la RIAEJ.

“Evitar la victimización secundaria”

Laliena Piedrafita inició su exposición con un video de la fundación Márgenes y vínculos que mostró ejemplos de actuaciones de la administración de justicia para con NNA en situaciones en las que se produce lo que denominó “victimización secundaria”.

La identificó como “aquella que se produce por la respuesta de las instituciones y los particulares a la víctima. Ese daño no deliberado pero efectivo, causado por los operadores sociales, que intervinieron en esos casos. Enseguida planteó la inquietud sobre “si estamos dando o no cumplimiento a una serie de compromisos internacionales que asumimos, un conjunto de convenciones, leyes. Si le estamos dando una respuesta adecuada a nuestros NNA”, para afirmar: “Puedo decir que no, que no es así”. “Nuestras convenciones internacionales dicen que tenemos que proporcionar una especial protección en el proceso, que se traduce en evitar o mitigar aquellos efectos negativos que el contacto con el sistema judicial puede tener en los menores de edad; velar porque la investigación penal no agrave el sufrimiento del/a niño/a”. Al referirse a las convenciones y normativas referidas al tema señaló que “muchas veces nos encontramos con limitaciones de medios, pero a veces se parte del desconocimiento sobre cómo hacer las cosas bien y cuáles son los derechos de NNA que debemos respetar”. Con esa premisa centró su exposición sobre la base del concepto del interés superior del niño “que debe regir todas nuestras actuaciones, pues opera como un derecho sustantivo, un principio y un criterio de interpretación de la intervención sobre el menor dentro del procedimiento judicial”, afirmó.

EL DR. RICARDO RODRÍGUEZ RUIZ, PROFESOR DEL ÁREA DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL DE LA ESCUELA JUDICIAL DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE ESPAÑA DISERTO SOBRE: “JUSTICIA JUVENIL PENAL: LA RESPONSABILIDAD DEL MENOR INFRACTOR”

La actividad se realizó por zoom, el pasado 9 de noviembre (con más de 250 asistentes).

La misma fue realizada en el marco de la propuesta del Eje Niñez y Adolescencia de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ) -el de DDDHH de NNA infractores de la ley penal- que trabaja la red del Instituto de Capacitación de las Provincias Argentinas y CABA –Reflejar- y el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay – CEJU-.

En la apertura, Rosina Rossi, directora del CEJU, recordó que ese organismo junto a Reflejar impulsó a fines de 2019 la iniciativa del abordaje del eje de NNA para el que elaboraron un plan de trabajo que continuó inclusive durante la pandemia.

“Desde principios de 2020 hacemos actividades y talleres”, afirmó.

Al presentar al disertante resalto “La idea es seguir intercambiando experiencias entre operadores judiciales de toda Iberoamérica”.

El sistema penal juvenil en España

Rodríguez Ruiz compartió una visión general acerca del funcionamiento del sistema de justicia penal juvenil en España, la manera en que ese país lleva a cabo el enjuiciamiento de las personas menores de edad y el modo en que solucionaron los problemas principales que se suscitan en el ámbito de la justicia juvenil.

Describió el marco normativo que establece el funcionamiento del sistema, identificó los orígenes históricos sobre el que se sustenta y la regulación legal en cuanto a la responsabilidad penal de menores, así como el procedimiento y sanciones que se impone en estos casos.

Asimismo valoró la competencia en la instrucción del ministerio público fiscal y la intervención permanente de los equipos técnicos a los que definió como “la piedra angular” del sistema. Informó que la competencia de ejecución corresponde a los poderes ejecutivos de las comunidades autónomas y que aplican “un sistema de doble jurisdicción en el sentido de que no cabe el enjuiciamiento conjunto de mayores y menores de edad”.

“El sistema funciona razonablemente bien. Es positivo que sea un ámbito administrativo el que lleva el control de menores. Existe una especialidad que la ley orgánica determina, que es que los jueces de menores son especializados”, afirmó Rodríguez Ruiz. “El funcionamiento (del sistema) es más que correcto con aspectos accesorios que serían mejorables”, opinó luego.