“El mundo es un patriarcado”, aseveró Elena Highton de Nolasco, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a cargo de la Oficina de la Mujer, al presentar la videoconferencia sobre “Femicidio, una categoría necesaria. Políticas de prevención. Situación Regional”, que se llevó a cabo en el Salón Gorostiaga de la CSJN y convocó una importante asistencia en el país y, en esta provincia, en el SUM del Centro de Estudios Judiciales, donde se llevó a cabo la actividad.
Entre los presentes estuvieron las ministras Isabel Grillo y Emilia Valle, la jueza Zunilda Niremperger, magistrados, funcionarios, empleados del Poder Judicial y referentes de distintas organizaciones y dependencias municipales y del Poder Ejecutivo provincial vinculadas a este tema.
La exposición
Antes de informar que este año fueron 235 los casos del Registro Argentino de femicidios (que se creó el año pasado en la CSJN), Highton hizo hincapié en que “las políticas de Estado tienen que basarse en estadísticas, en datos”, y destacó la próxima implementación del “Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres 2017-2019”, que articula el trabajo de los tres poderes del Estado, para el que cedió la palabra a una de sus impulsoras, Fabiana Tuñez, presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres de la Nación. Al respecto, la funcionaria, explicó que es un programa de asistencia y protección integral para víctimas de violencia de género. Anunció que se pondrán en marcha 36 hogares federales de protección integral de mujeres (que se sumarán a los 25 que se terminarán este año); trabajos de prevención, capacitación, reformas educativas y fortalecimiento de la línea 144 (lo que incluye un convenio con el 911 para la intervención inmediata). Adelantó que desde el Consejo Nacional de Mujeres viajarán a cada provincia para convocar a los gobernadores y sumarlos a la aplicación de este plan.
Fernando Ramírez, juez del Tribunal Oral Criminal N° 9 de la Capital, se refirió al concepto de femicidio como término de índole político. “El femicidio no es una muerte más”, señaló, “tiene otras implicancias”. Y afirmo que este problema “tiene un impacto social distinto al de los homicidios comunes”, que “afecta a la estructura social y hasta la legitimidad de los gobiernos”. “Es muy importante que tengamos en claro (los jueces) cuando estamos enfrentándonos a un femicidio y que lo abordemos como un problema de Derechos Humanos”, aseveró Ramírez.
Por último, Fabiana Quiñones, asesora regional de ONU mujeres, habló desde Panamá y dijo que desde ese organismo están en busca del logro de cuatro resultados: 1- entorno propicio, referido a un modelo de legislación para la región en relación con esta problemática; 2- recolección de estadísticas de calidad y comparables; 3- acceso efectivo a la Justicia con la idea de que se permita a los familiares de las víctimas la participación en la investigación. Y 4- la prevención, aunando esfuerzos para replicar las buenas experiencias. En tal sentido señaló que hay “una falta de evaluación de políticas públicas en relación con la violencia contra las mujeres”. Remarcó la importancia de trabajar con los varones en la concientización sobre este tema y con los medios de comunicación y la difusión negativa de esta problemática que realizan muchas veces de modo tal que terminan generando mayor violencia.
Concluida la videoconferencia, se generó un interesante debate entre los presentes acerca de las acciones que debieran planificarse y articularse entre los tres poderes del Estado local.
![]()
